Resumen: Se suscribe contrato de prestación de servicios para la organización del enlace matrimonial de los actores, y se fija como fecha de la ceremonia el 6 de junio de 2020, momento en el que el estado de alarma por la COVID-19 había sido declarado y estaba vigente. Se solicita resolución del contrato y reintegro de la reserva prestada y el Tribunal analiza la aplicación al caso del art. 36 del RDL 11/20 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico, que posibilita lo interesado en el procedimiento, cuando, como aquí ocurre, se solicitó la resolución del contrato en vísperas de la declaración del estado de alarma y el empresario lo recibió después y se justificaba la decisión en la incertidumbre de poder celebrarla, y también en la existencia de fuerza mayor pues muchos invitados no podrían asistir al residir en el extranjero. La suspensión de este tipo de actos se recogió por la Orden 367/20 de 13 de marzo de la Comunidad de Madrid y se flexibilizaron restricciones a partir de la Orden de 16 de mayo, nº414/2020, permitiendo la celebración de bodas en la fase 2 a la que Madrid accedió a partir del 8 de junio, por lo que existía imposibilidad de celebración en la fecha prevista y la concertada con posterioridad fue completamente distinta, es decir nuevo contrato, habiendo intentado negociar los actores sin resultado positivo.
Resumen: La limpiadora presta servicios para dos empresas con jornada: en una de 34 h. semanales y en la otra empresa de 5 h. semanales, estuvo afectada por ERTE Covid19 por fuerza mayor en la primera empresa, ERTE autorizado por la autoridad laboral en mayo/20; la empresa presentó solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por un porcentaje de reducción de jornada del 77,90%, el SEPE denegó. La actora solicita reconocimiento de desempleo de 30/03 a 10/05/20 El JS desestimó y el TSJ confirmó. En cud se plantea si se tiene derecho a la prestación por desempleo aun cuando la reducción de jornada fuera superior al 70%. La Sala IV recordó que la legislación COVID permite la reducción de jornada por fuerza mayor, se aplican los arts. 262.3 y 267.1 c) LGSS, sin especialidades sobre el porcentaje máximo ni mínimo de reducción de jornada. El art. 47 ET fija como límite máximo el 70%, la situación legal de desempleo sólo se da si no se supera ese porcentaje. Al ser superior, del 77,90% no concurre infracción normativa. Desestimó, confirmando la STSJ y declarando su firmeza
Resumen: Atendiendo a la legislación antes citada y a la concreta forma de desempeñar su actividad, puede concluirse que la relación jurídica existente entre las partes es la propia de un contrato de agencia de seguros, que habrá de regirse por el contrato mercantil suscrito entre las partes y supletoriamente por la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia, tal como se indica en la sentencia de instancia.La actividad es compatible con el uso en mayor o menor medida de las instalaciones de la entidad a los efectos oportunos, dentro, como es lógico, del horario habitual de la empresa, al que no están sometidos, sin que por ello se manifieste una dependencia del tipo requerido para objetivar la existencia de una relación laboral.no pueden considerarse como elementos definidores de la relación laboral en supuestos de colaboradores independientes, los hechos que indican o ponen de manifiesto una coordinación técnica, indispensable muchas veces para evitar el solapamiento de los diferentes agentes, coordinación que puede implicar el aprovechamiento de plataformas informáticas, o el aprovechamiento de la imagen y/o la marca de la empresa con la que se colabora y en la que finalmente repercute la captación de clientela, en cuanto es dicha empresa la que pone en juego su prestigio.
